AUDIENCIA NACIONAL Y PROHIBICION PENAL DE REUNIONES Y MANIFESTACIONES

AUDIENCIA NACIONAL Y PROHIBICION PENAL DE REUNIONES Y MANIFESTACIONES

MARTINEZ GARAY, LUCIA / MIRA BENAVENT, JAVIER

24,90 €
IVA inclós
Disponible en 1 setmana
Editorial:
TIRANT LO BLANCH
Any d'edició:
2011
Matèria
Derch.penal
ISBN:
978-84-9985-046-7
Pàgines:
309
Col·lecció:
DELITOS
24,90 €
IVA inclós
Disponible en 1 setmana
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Prólogo
Nota previa


Capítulo I
Cuestiones de constitucionalidad: contenido esencial, ámbito de ejercicio y límites del derecho fundamental de reunión y manifestación

1. Planteamiento del problema: las posibilidades de ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación en el marco de la instrucción de procedimientos penales por delito de integración en organización terrorista y en otras causas instruidas en la Audiencia Nacional
2. El derecho fundamental de reunión y manifestación (art. 21.1 CE)
a) Cuestiones metodológicas
b) Contenido esencial y regulación del ámbito de ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación
a') El derecho fundamental de reunión y manifestación como modalidad específica de la libertad de expresión
b') Abolición de la necesidad de autorización previa para su ejercicio
3. Límites constitucionales del derecho fundamental de reunión y manifestación (art. 21.2 CE)
a) Consideraciones previas sobre la supuesta limitabilidad genérica de los derechos fundamentales
b) El límite previsto en el art. 21.2 CE y desarrollado en los arts. 8 y siguientes de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión
4. Supuestos de concentraciones de personas no amparados por el derecho de reunión y manifestación del art. 21 CE: posibilidades de actuación de las autoridades gubernativa y judicial
5. Conclusión

Capítulo II
Cuestiones de legalidad (I): ámbito de aplicación de las medidas cautelares del art. 129.2 CP en procedimientos penales por delito de integración en organización terrorista

1. Consideraciones generales
2. Presupuestos para la aplicación del art. 129.2 CP
a) Necesaria previsión constitucional de las medidas cautelares limitadores de derechos fundamentales
b) Previa comisión de un delito por parte de una persona física
c) Existencia jurídica del ente sobre el que recae la medida cautelar
d) Exigencia de la medida cautelar en términos de prevención especial
3. Conclusión


Capítulo III
Cuestiones de legalidad (II): licitud penal de las reuniones y manifestaciones convocadas por personas relacionadas con una formación política que tiene su actividad suspendida cautelarmente

1. Delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista
2. Delito de colaboración con banda armada u organización terrorista
3. Delito de desobediencia
a) Delito del art. 514.5 CP
b) Delito del art. 556 CP
c) Afectación de derechos fundamentales de terceros ajenos al proceso
4. Delito de quebrantamiento de condena
5. Delito de reunión o manifestación ilícita: especial referencia a la ilicitud de la reunión o manifestación por celebrarse con el fin de cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo
Excurso: sobre la conducta típica del art. 578 CP
6. Provocación a la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo
7. Conclusión


Capítulo IV
Cuestiones de legitimidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar del art. 129.2 CP en relación con la suspensión del derecho de reunión y manifestación

1. Idoneidad y necesidad de la medida cautelar
2. Proporcionalidad en sentido estricto de la medida cautelar
a) Juicio de ponderación realizado por el juez de instrucción
b) Limitación de derechos fundamentales de personas ajenas al procedimiento penal
c) Carácter de pena anticipada e irreparabilidad de la medida cautelar aplicada
3. Conclusión


Capítulo V
Consecuencias penales del cumplimiento o incumplimiento de las resoluciones judiciales que prohíben la celebración de reuniones y manifestaciones

1. Introducción: el problema de las resoluciones judiciales como «mandatos antijurídicos obligatorios»
2. Resoluciones judiciales dirigidas a autoridades o funcionarios públicos
a) Autoridad o funcionario que no impide la celebración del acto
a') No habiendo en el auto judicial requerimiento expreso para impedir la celebración
b') Habiendo en el auto requerimiento expreso para impedir la celebración
b) Autoridad o funcionario que impide la celebración del acto
a') No existiendo un auto judicial que ordene expresamente impedir la celebración del acto
b') Existiendo un auto con un requerimiento expreso para impedir la celebración del acto
3. Resoluciones judiciales dirigidas a ciudadanos particulares
4. ¿Responsabilidad por inducción?
5. Conclusión

Conclusiones

Bibliografía citada

Apéndice: resoluciones judiciales citadas o consultadas

En los últimos tiempos la Audiencia Nacional ha venido prohibiendo o limitando el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, principalmente en el marco de la instrucción de procesos penales por delito de pertenencia a organización terrorista y al amparo de la posibilidad de suspensión de actividades de personas jurídicas que establece el art. 129 CP (y que se generaliza a partir de la reforma operada por la LO 5/2010). En este trabajo, sin embargo, se defiende que dichas prohibiciones y limitaciones son en primer lugar inconstitucionales, por vulnerar el contenido esencial del derecho fundamental afectado, en segundo lugar ilegales, por no concurrir en estos casos los requisitos exigidos en el Código penal, y en tercer lugar ¡legítimas, por infringir las exigencias del principio de proporcionalidad que cualquier intervención punitiva debe respetar. Por último, se examinan las consecuencias que la incons-titucionalidad, ¡legalidad e ilegitimidad de estas resoluciones judiciales tienen sobre el carácter obligatorio de las mismas para el conjunto de sus destinatarios, es decir, si deben ser obedecidas o no.\

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